La Guardia Civil investiga a dos personas en Las Rozas por robar agua durante más de 20 años

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo a nivel nacional para la inspección y control de los aprovechamientos de recursos hídricos, tanto de aguas superficiales como subterráneas, con el objetivo de proteger el Dominio Público Hidráulico y el medio ambiente. En la operación, se investiga, por el momento, a dos personas en Las Rozas por un supuesto aprovechamiento ilícito de agua durante más de dos décadas, cuyo valor estimado podría superar los 1,6 millones de euros.

En las actuaciones desarrolladas por la Benemérita se ha descubierto un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro legal que habría sido manipulado mediante la instalación de un sistema de bypass antes del contador volumétrico, lo que habría permitido evitar el registro del caudal realmente extraído.

Las dos personas investigadas están presuntamente implicadas en delitos de usurpación de aguas, defraudación y estafa agravada, así como en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La investigación permanece abierta.

941 infraestructuras ilegales detectadas a nivel nacional

Como resultado de las inspecciones, llevadas a cabo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, se han detectado 941 infraestructuras ilegales en España asociadas a la captación de agua y se ha procedido a la investigación de 31 personas en total por su presunta implicación en delitos relacionados con la distracción de aguas y los daños a los recursos naturales.

Del total de infraestructuras ilegales detectadas, el 60 % correspondían a pozos, el 24 % a sondeos, el 4 % a balsas, y el 12 % restante a otras modalidades de captación ilegal, como derivaciones o trasvases artificiales.

Operaciones e investigaciones destacadas en otros puntos del país

La investigación en Huelva, desarrollada en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal, permitió localizar diversas infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua. Como resultado, fueron investigadas ocho personas físicas y cinco jurídicas, esclareciéndose tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y dos delitos contra la ordenación del territorio.

En el municipio de Mazarrón (Murcia) se ha investigado a dos personas por la puesta en regadío de más de 47 hectáreas de terreno catalogadas como de secano. La valoración pericial cifra el daño medioambiental ecosistémico ocasionado en más de 2,9 millones de euros, imputándoseles un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Por su parte, en Córdoba, en una inspección conjunta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se detectaron pozos clandestinos destinados al regadío, así como captaciones legales manipuladas mediante un sistema de bypass instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico, evitando así el registro del caudal extraído. La actuación finalizó con la investigación de una persona física y una entidad jurídica.

Resultados totales de la Operación

La operación ha permitido detectar un total de 29 infracciones penales, siendo las más frecuentes los delitos de distracción de aguas de uso público (59 %), los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (28 %) y los delitos contra la ordenación del territorio (7 %).

Asimismo, se han tramitado 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77 % corresponden a vulneraciones de la normativa en materia de aguas.

La importancia de la peritación del daño ambiental

Los informes periciales elaborados por el SEPRONA cuantifican económicamente los daños y perjuicios ocasionados al Dominio Público Hidráulico, así como el impacto medioambiental sufrido por el resto de recursos naturales —especialmente la flora y la fauna— en las zonas afectadas.

Esta peritación es determinante para acreditar no solo la existencia de los delitos investigados, sino también para valorar la entidad y gravedad de los hechos, permitiendo su correcta calificación jurídica conforme a la normativa penal vigente.

Los informes periciales elaborados durante la operación valoran en más de 270 millones de euros los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico, derivados de actuaciones realizadas en distintas provincias del territorio nacional.

Esta operación se enmarca en el compromiso permanente de la Guardia Civil con la protección del medio ambiente, la defensa del uso sostenible del agua y la lucha contra el expolio de los recursos naturales, especialmente relevante en un contexto de escasez hídrica y sequía recurrente.