El PSOE pide que el gobierno local ayude y avale a los adjudicatarios con más problemas para afrontar los pagos de las viviendas protegidas

El Grupo Municipal Socialista presentará en el pleno del próximo 29 de diciembre una moción en la que solicita que el Ayuntamiento de Las Rozas ayude a los jóvenes y a las familias adjudicatarias de las viviendas correspondientes al ‘Plan Primera Vivienda municipal, a través de créditos blandos o incluso avalando a aquellas personas que se encuentren en situación de máxima necesidad, para impedir que tengan que renunciar a las viviendas que les han correspondido por derecho por no poder hacer frente a los pagos que se les exigen.

El Grupo Municipal Socialista presentará en el pleno del próximo 29 de diciembre una moción en la que solicita que el Ayuntamiento de Las Rozas ayude a los jóvenes y a las familias adjudicatarias de las viviendas correspondientes al ‘Plan Primera Vivienda municipal, a través de créditos blandos o incluso avalando a aquellas personas que se encuentren en situación de máxima necesidad, para impedir que tengan que renunciar a las viviendas que les han correspondido por derecho por no poder hacer frente a los pagos que se les exigen.

Además, el texto que defenderán los socialistas en el pleno de diciembre incluye la petición de que el Ayuntamiento informe con total precisión de todas las ayudas y subvenciones a las que tienen derecho los adjudicatarios y que ofrecen tanto el Gobierno de España a través del Plan Estatal de Vivienda así como la Comunidad de Madrid a través de su Plan de Vivienda.

Los socialistas exigen que se faciliten estas ayudas teniendo en cuenta que el Equipo de Gobierno local es el único responsable del retraso de más de 15 años en los que se han tardado en construir estas viviendas y dada la situación del mercado hipotecario en estos momentos.

Las 800 viviendas que serán adjudicadas en las próximas semanas corresponden al Plan General aprobado en 1994 y en lugar de construirse Vivienda Protegida de precio básico (VPPB) el Equipo de Gobierno local ha optado por construir en Las Rozas el modelo de vivienda protegida más cara que permite la Ley, denominada, Vivienda Protegida de Precio Limitado (VPPL), diseñada para rentas que oscilan entre 5,5 y 7,5 veces el Indicador Publica de Renta a Efectos Múltiples (IPREM).

Sus precios oscilan entre los 240.000 y 303.000 euros y debe hacerse frente a una entrada que alcanza los 50.000 euros sin ninguna facilidad de pago por parte del Ayuntamiento o las promotoras que llevan a cabo estas viviendas. La diferencia de precio actual entre estas viviendas y las del mercado libre en Las Rozas se limita a un 10 ó 15% en muchos casos. Hay familias que llevan más de seis años esperando para estas viviendas y denuncian que en ningún momento se les ha informado del precio final de las mismas.

Con el agravante de que para la adjudicación de estas viviendas se ha utilizado un baremo en el que se daban más puntos a aquellos solicitantes que tenían menos recursos o más necesidades (jóvenes, familias numerosas, discapacitados…) y se ha exigido a los solicitantes “tener unos ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el IPREM”, que es el máximo de Renta permitido por la Comunidad de Madrid para acceder a una vivienda protegida de precio básico.

Este sistema y el tipo de vivienda por la que opta el Ayuntamiento puede suponer en la práctica la expulsión de las personas con menos recursos y que, una vez que estos adjudicatarios directos vayan renunciando a estas viviendas, sean ocupadas por quienes sí disponen de los 50.000 euros para dar la entrada en dos meses y afrontar las elevadas letras.

Además, a juicio del Grupo Municipal Socialista de Las Rozas, las condiciones de pago previstas son extremadamente abusivas, ya que la Empresa Municipal conoce, gracias al baremo de puntos, los datos de los adjudicatarios de las viviendas desde mucho antes de que estas viviendas empezaran a ser construidas. Por lo que el Grupo Socialista quiere poner de manifiesto que si se hubieran adjudicado las mismas en ese momento, como ocurre en el resto de los municipios de la Comunidad de Madrid, el pago del 20% del valor del piso se podría haber fraccionado durante los tres años que se ha tardado en levantar las viviendas, lo que podría haber facilitado mucho a estas familias que pudieran haber hecho frente al mismo